Ante el asesinato de Belén, la educadora social.

El lunes 10 de marzo nos levantábamos con la trágica noticia del asesinato de una educadora social, Belén Cortés, a manos de 2 menores de 14 y 15 años y una menor de 17 años. Tras este lamentable incidente, todos los trabajadores del sector social se han organizado para realizar diferentes concentraciones y manifestaciones por todo el país y reivindicar mejoras en las condiciones laborales.

Durante estos días están surgiendo muchas noticias, tertulias y opiniones con más o menos acierto, sensacionalismo o desconocimiento del asunto o del funcionamiento del sistema.

He intentado arrojar algo de luz al asunto (podréis leer mucho más en un anexo que hemos situado tras este artículo de demandas concretas)*.

Reivindicaciones

En este sector hay muchos perfiles profesionales en las plantillas, nos acordamos de todos. Los equipos se enfrentan a estrés y frustración profesional, y somos víctimas de agresiones verbales y físicas. Y cuando vamos a las mutuas para que nos atiendan por estos incidentes nos mandan a casa con un ansiolítico y «a trabajar». EXIGIMOS que se reevalúen los planes de prevención de riesgos laborales de cada centro y que se reconozcan como enfermedades laborales del sector el estrés, la ansiedad, la sobrecarga de trabajo, etc. EXIGIMOS QUE NADIE TENGA QUE PASAR MIEDO EN SU PUESTO DE TRABAJO.

Es imperativo que las administraciones públicas y las entidades gestoras de estos servicios tomen medidas inmediatas para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras.

Nuestras exigencias incluyen:

– la revisión en cada contrato/concierto de las ratios de personal y garantía de que el personal no trabaje solo con más de 4 menores, estableciendo en la práctica la presencia mínima de dos educadores en cada turno para reforzar la seguridad y la efectividad de la intervención.

– Elaboración e implementación de protocolos específicos de actuación ante situaciones de riesgo y agresión, adaptados a las particularidades de cada recurso.

– Refuerzo de la seguridad en los centros donde se requiera, mediante la implementación de protocolos efectivos, la contratación de más personal y la dotación de herramientas que minimicen los riesgos.

– Mejora de las condiciones laborales de los y las profesionales que trabajan en el sistema de acogida, garantizando recursos suficientes y adecuados para el desarrollo de su labor.

– la provisión de recursos adecuados para la atención de menores con perfiles complejos,

– Reconocimiento de la peligrosidad de estos puestos de trabajo y la implementación de medidas compensatorias.

– Compromiso institucional en la denuncia y persecución de agresiones a profesionales, garantizando apoyo jurídico a las víctimas.

– Apoyo legal y psicológico para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, y con más fuerza a quienes sufren agresiones en el trabajo.

A pesar de las advertencias durante años del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) sobre la falta de medidas preventivas adecuadas, las condiciones laborales siguen siendo precarias. Este asesinato ha sido un punto de inflexión para el sector, que ahora exige cambios urgentes.

El CGCEES apela a nuestro Código Deontológico, recordando que nuestra profesión se sustenta en el respeto por los Derechos Humanos y en la promoción de la dignidad de todas las personas. La educación social es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, y requiere del compromiso firme de las instituciones para garantizar su adecuado ejercicio, así como la protección efectiva de sus profesionales.

Fdo. César Enrique Frías Ramos, militante de M+J Sevilla

Con la colaboración de la Plataforma de profesionales del Sector Social y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.

*PARA SABER MÁS:

Lo que sigue son párrafos que César incluyó en su texto. Los sacamos aquí para que el posicionamiento tenga menos extensión y, quien lo desee, pueda leer todo lo demás, que seguro que ayuda a dar una idea muy completa de la situación.

Sobre la ley del menor:

La ley del menor tiene 25 años. En la actualidad los delitos han cambiado, ahora se da, sobre todo, más violencia filio parental y violencia de género. Sin embargo, la ley tiene herramientas para atajar estas nuevas problemáticas, no necesita revisión en profundidad, lo que necesita el sistema de protección de menores son recursos, humanos, técnicos y económicos por parte de la administración.

Una de las grandes críticas que se le están haciendo a la ley es que necesita modificaciones, más dureza en las medidas, rebajar la edad penal, etc. Pero esto plantea muchas dudas. Si se modifica la ley del menor, ¿dónde está el límite de edad para que estos delitos sean juzgados como un adulto? ¿Cualquiera? ¿Y dónde está la responsabilidad de los padres? ¿No tienen? ¿Hasta qué edad un niño de, por ejemplo, 14 años es consciente de lo que está haciendo? ¿Sabe lo que supone quitar una vida? ¿Las consecuencias que tiene? ¿Y la sociedad? ¿Tiene culpa de algo? Como dice una fantástica compañera educadora social, Sara Desirée Ruiz, “No era solo lo que habían hecho, era lo que les habían hecho a ellas. Historias de abandono, de violencia, de abusos… Llegaban con la mirada vacía y con la rabia atragantada. Algunas ya no esperaban nada. Solo mal sobrevivir.”

Es muy complicado juzgar a qué edad un menor y su evolución madurativa es total y únicamente responsable de un acto como un asesinato, y no creo que sea para nada justo decir que un niño de 14 años pueda tener la culpa de un asesinato. Al menos no él solo. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando un menor no tiene esperanzas, le da igual su vida o lo que le pase, y no respeta nada ni a nadie.

Un niño de 14 años no es un adulto. Hay muchas circunstancias detrás de lo que ha ocurrido que hacen que lo que ha pasado no sea sólo culpa de un menor. Si responsable, tiene la responsabilidad que marque la ley, pero la culpa es compartida, parte de los padres, parte de la sociedad, parte de la administración, etc. ¿En qué medida de cada parte? Complicado definirlo.

Arcadi Espadas, en su artículo para El Mundo del día 12 de Marzo, aporta, casi con afán de investigador privado, dos tips que podemos usar para comprobar que un menor no es un adulto. Para comprobar esto podríamos hacerle al menor 2 preguntas: ¿Por qué lo hizo? Y ¿Para qué lo hizo? Ante los dos jóvenes asesinos, la pregunta adecuada es para qué. El porqué genera bloqueos. Sinceros, a veces: «¿Por qué lo hiciste?». «No lo sé». Todo porqué acaba en un callejón sin salida muy revelador. El para qué dejar ver consecuencias y difícilmente deja en blanco al que responde. El por qué miente con extrema facilidad. Del para qué siempre puede haber una prueba. El para qué es cierto aunque encubra otras finalidades, y, posiblemente, se obtengan indicios sobre ese porqué tan infructuosamente buscado cuando se aborda por la línea recta. Si, ante una brutalidad como la de Badajoz, los niños contestaran «para divertirnos» o «para ser famosos», las respuestas llevarían al porqué profundo. El para qué tiene, además, una respuesta imposible, que es para nada. El para qué acaba con los crímenes inexplicables.

Para dar un poco de luz, ¿y ahora qué les va a pasar a estos menores?

Si son menores de 14 años, no tienen responsabilidad penal, no les pasaría nada. Seguirían en el recurso con su castigo correspondiente, pero nada más. Cuando cumpliera los 14 iría a un cerrado, un CIMI.

Si tienen entre 14-15 años: Para homicidios la ley dice que la condena es 5 años de internamiento en un CIMI y 3 más de libertad vigilada, máximo.

Entre 16-17 años: 8 años de internamiento y 3 más de libertad vigilada, máximo.

El debate está en cómo han ido evolucionando los tipos de delitos y la madurez de los menores en estos últimos años. ¿Se debe bajar la edad penal? ¿Qué supondría eso? ¿Podría superarse de manera más eficiente esta problemática, por ejemplo, dotando de más recursos al sistema? Creemos que esto último es muchísimo más efectivo y esperanzador. Por ejemplo, ¿por qué no reducir las plazas de los centros de 8 a 3 o 4? O ¿por qué no invertir más en servicios sociales preventivos para atajar las problemáticas en el seno de la familia en vez de atender el problema cuando ya tiene difícil solución?

Sobre los tipos de centro de menores:

Existen muchos tipos de centros de menores, vamos a diferenciarlos de manera muy básica.

– Centros residenciales básicos: Tienen menores cuya tutela ha sido quitada a sus padres por diversas circunstancias. Son centros abiertos y los menores suelen estar “normalizados”.

– Grupos educativos de convivencia: Son centros a los que llegan menores con medidas judiciales “leves”. Centros abiertos, los menores van al instituto.

– CIMI: Centros de internamiento. Menores con medidas judiciales graves o reincidentes. Centros cerrados.

– Centros de menores inmigrantes: Centros donde sólo hay menores inmigrantes.

Si un menor se ha fugado 3 veces o comete 37 delitos no debería estar en un centro de protección o un grupo educativo, y menos si está denunciado. Aquí se da el primer fallo del sistema que ha resultado en el asesinato de Belén. ¿Los responsables? ¿El juez o el sistema judicial que no dio respuesta a tiempo? ¿Los servicios sociales básicos que no supieron atender la realidad familiar de manera que esos menores no se convirtieran en lo que se han convertido? ¿Los padres que no supieron educarlos? ¿La crisis de los cuidados que obliga a todos los miembros adultos de una familia a trabajar para sostener una familia, y por lo tanto, delegar gran parte de la carga educativa en abuelos o pantallas digitales? ¿De los turnos rotativos, imposibles de conciliar con cualquier vida familiar o personal, que acaba desgastando y quemando, creando apatía, desgana y cansancio hasta llevar al educador a situaciones límite, en las que, si tiene que actuar de una manera determinada, puede que no pueda responder adecuadamente? ¿De los gobernantes que permiten que empresas privadas liciten a la baja por estos recursos, recayendo toda la carga sobre la precariedad de los trabajadores? ¿De las empresas que contratan otros perfiles (profesores, monitores…) para trabajar como educador/a social cayendo en un intrusismo laboral que precariza aún más nuestra profesión? ¿Del menor que comete el acto? Pues un poco de todo.

Otra de las críticas que se la hace al sistema es que no hay seguridad en los centros. Hay que tener cuidado con esto. Los centros de protección no tienen seguridad porque los menores no las necesitan. El 90% de los centros de menores de este país son residenciales, con perfiles de menores normalizados, que por circunstancias externas a ellos han terminado en un centro y donde se trabaja desde el amor y el cariño, como debería ser y a pesar de las condiciones laborales. Otra cosa es que haya en un centro 8 o 10 menores, que no tienen por qué haber cometido ningún delito, pero que sean… difíciles, perfiles complicados. Imagina un piso con 8 chavales, con las hormonas por las nubes, intentando imponerse, que no abusen de él los mayores… ocurren peleas, hay tensión, los nervios están a flor de piel, es normal que se peleen entre ellos o la paguen con el educador de turno. Y en ese caso, un educador solo, o 1 auxiliar o integrador social que puede verse solo también, aunque no sea legal, puede encontrarse en situaciones muy complicadas. Segundo fallo del sistema.

La ley prevé muchos tipos de centros, con una variedad de recursos externos, educativos y asistenciales muy amplia. El problema viene cuando esos recursos que marca la ley, no se dotan de recursos técnicos y humanos suficientes, o el personal que se contrata no está suficiente bien formado, o no tiene los protocolos necesarios para atajar ciertas situaciones, por que seamos sinceros, muchos de estos recursos están en manos de empresas privadas, y ya sabemos lo que pasa con las privatizaciones y externalizaciones. Además, hay un solo CIMI por provincia, al menos en Andalucía, con X plazas. ¿Qué pasa si ese centro está completo? Pues que el menor, sea como sea, conflictivo o no, más o menos violento, que entre en el sistema, va a ir a otro centro, semi abierto, a la espera que haya una plaza en el CIMI. Y así, mientras tanto, ocurre lo que ocurre.

Sobre la vigilancia:

Por lo tanto, ¿Qué hace un vigilante de seguridad en un centro de protección de menores residencial básico? Nada. ¿Tienes las herramientas o formación adecuada para estar en un centro de menores? Rotundamente no. Lo único que puede ocurrir es que se tensen las posibles situaciones de estrés aún más. Los menores requieren tranquilidad, confianza y un ambiente diferente al que se crea cuando metes seguridad en un centro. Otra cosa es un CIMI, ahí sí. No debemos poner el foco en que en el centro no había vigilancia o cámaras de seguridad. Ese no ha sido el problema, en ningún caso hubiera evitado la muerte de Belén, quizá solo retrasarla.

Pérdida de autoridad:

Existe una falta de autoridad de los profesionales, padres y madres cada vez mayor y falta de respeto por parte de los menores. Pues claro. Es que, con la crisis de los cuidados, la educación de los hijos se hace mucho más complicada. Y con la llegada de internet más importante aún. Se puede achacar a que la ley protege mucho al menor, que no se le puede tocar, que los padres y profesionales están desamparados, pero yo me pregunto: ¿Es que queremos seguir educando como en el S. XX? Tenemos herramientas para cambiar los modelos, hagámoslo. Se habla de que no se puede ni dar un cachete, y se ridiculiza el hecho de negociar o intentar convencer al menor para que haga algo. Hay muchos grises entre el cachete y el convencer al niño por medio de la negociación o sin el castigo físico. Los educadores y educadoras sociales tenemos herramientas para ello, no se otros perfiles. Lo que sí es verdad que se está perdiendo esa autoridad y se hacen cada vez más urgentes escuelas de familias que ayuden a estos padres, cada vez mayores y más desconectados de sus hijos, a educar a estos menores.

Sobre el estado del bienestar y la precariedad:

Somos la tercera pata del estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Nosotros formamos parte de esos SS, pero somos los grandes olvidados. Se habla de las privatizaciones en sanidad y educación como algo malo, por donde se enchufan a amigos, se pagan comisiones, etc., pero es que nosotros llevamos privatizados casi al 100% desde que nacimos, ¿por qué? Porque así sale mucho más barato. A costa de las condiciones laborales de los trabajadores que cobramos sueldos de miseria, incluso por debajo del SMI. Algunas comunidades autónomas incluso sacan licitaciones a la baja, es decir, que la empresa que ofrezca un presupuesto menor gana la licitación. Esto hace que las condiciones de los trabajadores sean las más bajas posible y, por lo tanto, los menores estén cada vez peor atendidos.

Hay que ser justos, hay de todo, empresas grandes que ganan muchas licitaciones, legal o ilegalmente, porque también se dan muchas a dedo, y más o menos respetan convenios, y hay empresas más pequeñas, que cogen estas licitaciones con toda la buena intención, pero que se ven ahogadas porque lo que paga la administración es una miseria.

La externalización de servicios y la contratación precaria debilitan la protección tanto de los trabajadores como de los Niños, Niñas y Adolescentes que, no olvidemos, son responsabilidad de la Administración. hay que recordar que son SUS MENORES, SU RESPONSABILIDAD, y que establecen unos pliegos miserables, siempre a mínimos que llevan precarizando el sector y la calidad de la intervención durante años.

Lo que le ha pasado a Belén es un golpe a todas. Abre un precedente muy peligroso. El sufrimiento y la violencia ya se hacía rutinaria, tanto en los menores entre sí, como hacia los profesionales.

¿Quién cuida de las personas que cuidamos? Necesitamos apoyo psicológico continuado, y no tenemos salarios como para pagárnoslo de manera privada.

Multitud de compañeros se pueden ver reflejados en ejemplos como este: Cuando salía de un turno de fin de semana, de hacer 40 horas en 2 días, habiendo ocurrido algo en el centro, una agresión, un conflicto entre menores, una fuga o algo parecido, te vas a tu casa con el pecho hecho pedazos, sientes que has fracasado. Te llevas el trabajo a casa porque, o eres una máquina, o no puedes desconectar de algo así. Y Cuando va llegando el día en que te toca volver tu corazón cada vez late más rápido y tiemblas, porque sientes miedo, pavor, por lo que pueda pasar. Muchas veces no te explicas cómo un menor de edad puede tener tanta rabia contenida. O si, al conocer la historia familiar. Quizá esto también sea parte del problema. Los servicios sociales preventivos, los que deben actuar antes de que el menor entre en un centro, están desbordados y, de nuevo, faltos de recursos.

Crítica a la profesión:

Y ahora hago una crítica a mi profesión, a los educadores y educadores sociales. ¿por qué pasa esto? ¿tenemos algo de culpa? ¿por qué se sigue viendo, por ejemplo, al trabajador social por encima nuestra si tiene la misma formación? Tenemos más de 20 años de vida y parece que nacimos ayer. Somos una profesión de lucha, por los derechos de los demás, por mejorar las condiciones de vida de las personas y su dignidad, y no somos capaces de luchar por lo nuestro. Nos quejamos de que cobramos poco, pero no nos sindicamos para que los convenios mejoren. Nos quejamos que las leyes y las administraciones no hacen nada, pero no nos colegiamos para tener más fuerza y que se nos escuche.

En parte somos culpables de seguir en la situación en la que estamos, porque, por desgracia, tenemos la clase política y el país que tenemos, que no nos valora como profesión, pero no hacemos nada, o casi nada, por cambiarlo. O nos unimos y hacemos que cambie, o nadie lo va a hacer por nosotras. Se que, si ya de por sí, tenemos trabajos precarios, y encima si protestamos o pedimos un delegado sindical nos despiden, pues hay miedo. Pero es que el miedo tiene que cambiar de bando, tenemos las herramientas, ¡usémoslas!